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Revés judicial para Luisana Lopilato: reclamaba 2 millones de dólares y la Justicia uruguaya le otorgó apenas US$ 4.000

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno de Uruguay dictó la sentencia definitiva Nº 343/2026 (IUE 289-331/2013), mediante la cual desestimó el reclamo indemnizatorio superior a los US$ 2 millones promovido por la actriz argentina Luisana Loreley Lopilato contra la multinacional Prosegur, y limitó sustancialmente la condena contra la firma Nautiland S.A. (razón social de la empresa de seguridad y alarmas Punta Systems).


Cómo surgió el litigio

El conflicto se originó en 1996, año en que el publicista y compositor Eduardo Schejtman celebró un acuerdo de canje publicitario con la empresa Punta Systems para producir la pieza audiovisual conocida como «La niña del osito». En dicha publicidad —emitida en los canales 7 y 11 del departamento de Maldonado— una niña interactuaba con un peluche manifestando que su vivienda permanecía resguardada por la referida compañía.

Ante la repercusión del spot, la firma comercial incorporó la imagen en su flota vehicular y cartelería institucional. La difusión del comercial se prolongó de forma ininterrumpida hasta 2006.


Reclamo prejudicial y formalización de la demanda

En 2006, Eduardo Lopilato, en representación de su hija, inició un reclamo formal en los tribunales de Maldonado por la utilización indebida del derecho a la propia imagen, pretendiendo una suma superior a US$ 50.000 más daños y perjuicios. Frente a dicha intimación, Punta Systems procedió al retiro preventivo de la cartelería y el cese de las emisiones.

En el intercambio procesal previo, los asesores letrados de la empresa adujeron desconocer la identidad de la menor que protagonizó el comercial, señalaron la desproporción de la suma reclamada y ofrecieron consignar el caché de plaza vigente en 1996 (tasado entre US$ 100 y US$ 200 anuales renovables).

No obstante, en 2013 la parte actora radicó una demanda judicial que amplió la legitimación pasiva hacia Prosegur, multinacional que en 2009 había adquirido los activos de Punta Systems. La pretensión indemnizatoria se readecuó para exigir un porcentaje de la facturación en Uruguay de la corporación española, liquidando el rubro en una suma que superaba los US$ 2 millones, acumulada a una reclamación de seis dígitos en moneda extranjera dirigida a los anteriores titulares de la firma local.

El aviso
El aviso

Fundamentos del fallo

Tras un proceso de trece años de tramitación, el tribunal de alzada resolvió los siguientes extremos jurídicos:

  • A Prosegur no le correspondía pagar porque el tiempo para reclamarles ya había vencido (prescripción):
    Cuando la familia de Lopilato amplió la demanda contra la multinacional Prosegur pidiéndole más de US$ 2 millones, la justicia determinó que no tenía sentido culparlos. Prosegur compró Punta Systems en 2009, es decir, tres años después de que la empresa uruguaya ya hubiera levantado el aviso de la tele y quitado todos los carteles en 2006. Como legalmente se pasó el plazo para exigirles responsabilidad por algo que ellos ni siquiera hicieron, el tribunal aplicó la prescripción extintiva y dejó a Prosegur totalmente afuera del conflicto.

  • A la empresa original solo le tocaba pagar lo que valía el trabajo de la actriz, no una fortuna:
    Contra la empresa local original (Nautiland S.A. / Punta Systems), la actriz pretendía una compensación exorbitante. Sin embargo, los jueces consideraron que el reclamo no daba para tanto y rechazaron las pretensiones principales. En su lugar, resolvieron que lo justo era compensarla por lo que efectivamente dejó de cobrar por actuar (el lucro cesante del caché publicitario de la época). Por eso, en vez de cientos de miles o millones de dólares, fijaron el pago en US$ 4.000 por el caché artístico, más los intereses acumulados desde que se inició la demanda en 2013.

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