El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, dispuso una medida cautelar de protección de personas por la cual se prohíbe al futbolista Mauro Emanuel Icardi acercarse o mantener contacto con su hija menor, Francesca Icardi, de 11 años. La decisión judicial se adoptó en el marco de una causa penal por presuntas lesiones leves e investigación de violencia familiar, iniciada tras la denuncia formulada por Wanda Nara.
La resolución establece una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la niña y a menos de 300 metros del domicilio en el que reside, ubicado en la Avenida del Libertador N° 7050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de cualquier otro inmueble o lugar donde la menor se encuentre o mude su residencia.
Asimismo, la medida le impide a Icardi mantener cualquier tipo de comunicación con la menor, ya sea de forma personal, telefónica, por redes sociales, mensajería instantánea o mediante intermediación de terceras personas.
El fallo fija que las medidas preventivas regirán por el plazo de 45 días corridos contados desde la efectiva notificación al imputado. Además, el texto judicial apercibe formalmente al deportista expresando que, en caso de incumplir con lo resuelto, incurrirá en la comisión del delito de desobediencia, contemplado en el artículo 239 del Código Penal.
Los detalles del operativo policial y el incidente en Nordelta
La cautelar fue firmada al día siguiente de una intervención policial en el barrio residencial La Isla de Nordelta. El hecho tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas, cuando el Comando de Patrullas de Tigre acudió a un lote del complejo tras recibir una alerta del 911 por una posible situación de violencia infantil.
Al arribar la patrulla, Wanda Nara informó a las autoridades que su hija le había enviado mensajes mediante la plataforma iCloud manifestando que su padre le había pegado, que la mantenía retenida en su habitación desde hacía varias horas y que no había recibido almuerzo. La niña se encontraba en el lugar en el marco de una disposición judicial que establecía la permanencia con su progenitor hasta el 16 de noviembre.
Según el acta redactada por el personal interviniente, un hombre respondió desde la puerta de la propiedad indicando que no autorizaba el ingreso de los efectivos. Momentos más tarde, la menor de 11 años salió del inmueble llorando, descalza y únicamente vistiendo medias, e ingresó al sector donde se encontraba su madre.
Frente a la comisión policial, la niña solicitó ayuda expresando textualmente: «Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó».
Las autoridades solicitaron la presencia de una médica del Sistema de Emergencias de Tigre, quien revisó a la menor en el lugar. Si bien la profesional determinó que la niña no presentaba heridas de gravedad que requirieran un traslado hospitalario de urgencia, dejó asentada la necesidad de realizarle una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Respecto a dicha articulación, la madre indicó que la niña tenía programada una cirugía de meniscos para el mes siguiente.
Notificación inmediata, asistencia a las menores y causas derivadas
En los puntos resolutivos del fallo, el juzgado ordenó librar oficio a la Comisaría preventora con la directiva de arbitrar los medios correspondientes para notificar a las partes «indefectiblemente en el día de la fecha», labrando las actas respectivas y entregando copia íntegra de la resolución.
En paralelo, se dio intervención al área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para proveer asistencia a la niña, como así también a la Asesoría de Menores. Asimismo, se dispuso el sorteo de un Juzgado de Familia que intervendrá en los reclamos derivados por guarda, custodia, alimentos y régimen de comunicación.
Finalmente, la Justicia resolvió remitir las actuaciones al Agente Fiscal en turno para tomar conocimiento de las peticiones presentadas por Nara respecto de la restitución de bienes, así como de las manifestaciones vinculadas a la menor Isabella Icardi, a fin de que la fiscalía evalúe las acciones a seguir de acuerdo con los artículos 59, 83 y 85 del Código de Procedimiento Penal, la Ley N° 15.232 de Derechos de las Víctimas y la Ley N° 14.442 del Ministerio Público.




